Las agresiones contra menores, muchas veces perpetradas por otros menores, han abierto informativos, tertulias, debates, durante las últimas semanas. Queremos aportar, a través de varias entregas, algunos datos e información sobre esta realidad, que nos golpea y aturde al mismo tiempo.
En este primer apartado se busca dar visibilidad al problema que supone la hipersexualización que ofrece internet, junto con los impactos que tiene en la vida y seguridad de los menores que navegan por la web. Por ello, a través de una serie de datos, se pretende visibilizar y explorar esta cuestión.
Según el Informe sobre delitos contra la libertad sexual del Ministerio del Interior (1), que recoge datos del 2015 al 2021, la tipología penal preponderante en materia sexual comprende los delitos de pornografía de menores, contacto tecnológico con menores de 16 años, corrupción de menores, abuso y acoso (requiere intimidación) sexual, provocación y exhibicionismo, así como los delitos relativos a la prostitución. Indirectamente, la tendencia ascendente de los mismos supone un aumento a su vez de las agresiones y abusos sexuales con penetración.
Los hechos relacionados con ciberdelincuencia sexual muestran que, dentro de los principales hechos ejecutados, están relacionados con víctimas menores. Concretamente, las tres mayores tipologías penales asociadas a hechos contra menores de edad suponen el 71,4% del total de los hechos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Si ha existido una bajada del 2020 al 2021 se debe a la situación del COVID, pero es innegable que cada año que pasa la exposición al peligro es mayor y se deben tomar medidas para la protección del menor para asegurar su correcto desarrollo.
Las principales afectadas son las mujeres, que comprenden un 72% de las víctimas, principalmente en los grupos de edades de 0 a 13 años y 14 a 17, lo que conlleva aún más gravedad a la situación.
El grupo de edad de 18 a 30 años presenta las cifras más altas de detenciones / investigados por delitos contra la libertad e indemnidad sexual, seguido por el de 41 a 64 años (ambos perpetrados por hombres en un 97%). Respecto a las tipologías penales, son mayoritariamente la pornografía de menores y contacto por medio de la tecnología con menor de 16 años, los hechos por los que más se detiene en la ciberdelincuencia sexual, seguido de corrupción de menores y abuso sexual.
Estos datos no se reducen sólo a nuestro país, la INTERPOL (2) en colaboración con ICSE y ECPAT realizó un estudio acerca de delitos en línea contra menores. Las conclusiones de dicho estudio fueron:
- Cuanto más joven era la víctima, más grave era el abuso.
- El 84 % de las imágenes contenía actividad sexual explícita.
- Más del 60 % de las víctimas no identificadas eran prepúberes, inclusive bebés y niños pequeños.
- El 65 % de las víctimas no identificadas eran niñas.
- En las imágenes de abusos graves era probable ver a niños, más que niñas.
- El 92 % de los agresores visibles eran hombres.
En lo relativo a la distribución y elaboración de pornografía infantil, está en auge debido a la facilidad de acceso de la red. Además actúa como incitación a la reproducción de dichas escenas y por tanto fomenta el aumento de casos de explotación y abuso de menores.
Otra serie de datos de especial importancia a la hora de elaborar este informe es que a fecha de 15 de diciembre del 2022 los delitos contra la libertad sexual en internet, respecto de menores, vieron un incremento del 88% (3). Pero no sólo respeto de menores, sino también cometidos por menores; además de un 20% en ámbitos de violencia de género entre sí e intrafamiliarmente (principalmente por el incremento en el consumo de estupefacientes). Desgraciadamente la “normalización” de este comportamiento también supone que cada vez hay más agresiones sexuales cometidas por menores, en parte gracias al acceso sin restricciones que tienen los menores a internet y su influencia en las relaciones afectivas y sexuales: ver violencia en la pornografía, ayuda a replicar dicha violencia.
Entre las variables que explican ese aumento de menores condenados, desde el Instituto Vasco de Criminología apuntan a múltiples factores: «La falta de control parental, el consumo de tóxicos, la pérdida o falta de valores o el absentismo escolar explican la comisión de hechos delictivos por parte de los jóvenes», señala la psicóloga experta Ocáriz. Según sus palabras, existe una falta de control parental general en la vida de un menor, siendo el acceso a internet uno de ellos.
Además, Internet favorece que los menores comienzan sus relaciones a edades más tempranas, donde no existe una educación afectivo sexual y las relaciones se basan en el sentimiento y no consentimiento. Existen indicios según un informe de la Universidad de las Islas Baleares (4) de que este consumo de pornografía se había adelantado a incluso menores de 10 años, edades en las que la distinción de lo que está bien y está mal aún no son visibles para el menor, lo que supone un incremento de las vejaciones entre compañeros, las grabaciones explícitas en mayor o menor medida y por supuesto el alardeo y la consecuente compartición de estos vídeos y fotos en las que ninguna de las dos partes sabe la repercusión negativa que desencadena.
En la cumbre de la INTERPOL del 9 marzo del 2023 se trató el aumento exponencial en todo el mundo de la extorsión sexual de menores, que implica el uso del chantaje con la amenaza de publicar información, fotos o vídeos de contenido sexual en los que aparece un menor. Entre las posibles motivaciones de los delincuentes en este ámbito cabe citar el deseo de lucrarse, hacerse con más material de explotación, o humillar a alguien e infligir traumas físicos o emocionales. Este tipo de delito se perpetra especialmente contra niños y jóvenes adultos, que constituyen un blanco fácil a través de las redes sociales y otras plataformas en línea. Ahora más que nunca, se debe actuar.
Otro delito en auge es el conocido como child grooming, una práctica delictiva que implica que un adulto contacta con un menor (a través de redes sociales o internet) con el objetivo de ganarse poco a poco su confianza para luego inducirle u obligarle a participar en una actividad sexual. Como es lógico, hay diferentes niveles de interacción y peligro, desde conversaciones sobre sexo a conseguir material íntimo del menor e incluso llegar a mantener un encuentro sexual. (Artículo 183 ter. del Código Penal).
La ONG Save The Children realizó una encuesta en el 2019 (5) y concluyó que uno de cada cinco menores habían sido víctimas en mayor o menor medida, con una media de 15 años de edad en el momento del primer contacto. Cifras que, desde el boom en la presencia en redes por la pandemia, no han hecho más que mantenerse y crecer. La Fundación ANAR (6) alerta a su vez de que por vergüenza, desconocimiento, miedo al “qué dirán” o dolor, hasta el 2023 apenas 1 de cada 10 casos se denunciaba, por lo que las cifras serían incluso mayores.
Esta investigación, junto a posteriores artículos sobre esta materia, se ha podido realizar gracias a la colaboración de un grupo de alumnos y alumnas de Derecho y Criminología de la Universidad San Pablo CEU, tras un acuerdo entre Dale Una Vuelta y la Clínica Jurídica ProBono de la propia entidad educativa.
Bibliografía: Informes y artículos
(1) https://www.interior.gob.es
(5) https://www.savethechildren.es
(6) https://12ft.io/proxy (artículo diario El País)
Muchas gracias por vuestro trabajo en esta materia tan terrible y repugnante.
A ud. por la difusión que seguro que hace de nuestra actividad y contenidos. Entre todos ayudaremos a mucha gente. Un saludo!