Cualquier ley es susceptible de objeto de debate. Si tiene que ver con un control de acceso y una verificación de edad en internet, el debate aumenta. Y si además hablamos de un tema tan complejo como la pornografía, el debate explota. Es lo que ha ocurrido en España desde el anuncio del Gobierno, el 1 de julio, de la implantación de la cartera digital.
Como ocurre siempre, es primordial situar adecuadamente el marco, el foco. Y en este caso, es preciso no desviar el objetivo de esta medida del Gobierno, situada dentro de un plan integral de protección al menor en el entorno digital. Los derechos y la seguridad de los menores requieren, por decirlo así, una cesión de los mayores, por el interés superior de los primeros, más vulnerables. Por un momento, dejemos de lado a los adultos, su privacidad y el efecto que tendrá esta norma en la frecuencia de sus fantasías sexuales.
La aplicación que quiere lanzar el Gobierno busca proteger a los menores, para que no puedan acceder como hasta ahora a todo tipo de contenidos pornográficos, muchos de ellos violentos, extremos y sexistas. ¿Alguien está en contra de este objetivo, cuando los estudios, uno tras otro desde al menos 2019, nos muestran el alto porcentaje de niños que han visto ya pornografía entre los 10 y 14 años?
Es evidente que ni esta medida, ni ninguna ley futura, será la única ni la más importante a la hora de proteger a nuestros menores. La familia, la escuela y la sociedad en su conjunto son los primeros responsables. Desde Dale Una Vuelta, hace un tiempo, propusimos diez medidas que podrían implementarse desde distintos ámbitos. ¿Pero no estamos en una situación en la que es preciso poner unas vallas, aunque sean pocas y algo defectuosas, en el infinito campo de internet?
Por otra parte, es evidente que la aplicación propuesta es compleja, que intenta resolver demasiadas cosas a la vez, y que seguramente tendrá errores y no evitará todo el porno disponible. (En este enlace se pueden ver las especificaciones técnicas). Además, el sistema de 30 credenciales origina una sensación real de mayor control, de paternalismo estatal, que incluso lanza el mensaje equívoco de que “un poco de porno”, con control, es aceptable. El problema de fondo, en parte, se encuentra en que estamos ante la primera vez que se pide una verificación de edad de verdad para ver unos contenidos en internet.
“Lo mejor es enemigo de lo bueno”, se suele decir. Vayamos a paso a paso; prueba y error. Dejemos trabajar a un equipo técnico compuesto por profesionales. No encendamos la mecha a la primera de cambio y nos tiremos los trastos a la cabeza desde el minuto uno. Busquemos un equilibrio entre posibles daños colaterales y beneficios directos. Seguramente no será una app definitiva, y tiempo habrá para segundas, terceras o cuartas versiones.
Mientras nos peleamos, un día sí y otro también, y utilizamos la broma y la ridiculización como nuestras mejores armas, muchos menores quedan atrapados, a veces durante años, en este auténtico fango -aquí esta palabra encaja a la perfección- en forma de distorsión de la sexualidad o inicio de una adicción. Y mientras nos peleamos, la industria se frota las manos porque decenas de miles de visitas, y decenas de miles de euros, engrosan sus analíticas y sus cuentas bancarias día tras día, con contenidos en ocasiones de dudosa procedencia y legalidad.
Y en cuanto a la privacidad, al anonimato, y otros problemas que se cuestiona un adulto, molesto por sentirse mirado, controlado, ¿acaso el contenido sexual implica un sentimiento de culpa o vergüenza?, ¿quizá precisamente no sea equiparable una secuencia sexual a una de bellos gatitos? ¿Y, por otra parte, no dejamos también algún tipo de huella en cualquier web, en cualquier transacción?
Si esta medida, además de proteger al menor, sirve a la sociedad en su conjunto para hablar de este problema real -algunos hablan incluso de salud pública- y situarlo encima de la mesa, más allá de bromas e ideologías, habrá merecido la pena esta app y unas cuantas más.
